Nueva ley que endurece regulación en la industria salmonera: “Queremos que esto genere un impacto tanto a nivel nacional como internacional”

A Javiera Calisto se le ve exultante. Como Directora Jurídica de la organización de conservación marina Oceana Chile, fue parte del equipo que trabajó de manera infatigable para aumentar las exigencias en transparencia a la industria salmonera y endurecer las sanciones por escapes de ejemplares de los centros de cultivos.

Javiera Calisto, Directora Jurídica de Oceana Chile.
Javiera Calisto, Directora Jurídica de Oceana Chile.

Fue una labor de largo aliento que derivó en la reciente publicación en el Diario Oficial de la Ley Número 21.532, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura. A partir de ahora, las empresas no podrán oponerse a la publicación de información relativa al uso y tipo de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades y biomasa. Y no solo eso, la regulación también establece fuertes multas por cada salmón escapado (equivalente al valor de la cosecha de los peces que no son recapturados), e incluso la suspensión de las operaciones de un centro de cultivo, obligando así a que la industria asuma responsabilidades ambientales.

Pero para llegar a este punto es necesario retroceder varios años. Javiera Calisto debe esforzarse para hacer memoria y recordar con exactitud la fecha de las primeras solicitudes que efectuó ante el Consejo para la Transparencia con el objetivo de obtener información sobre el uso de antibióticos y otros componentes en la industria salmonera. Por aquellos años, entre 2014 y 2015, las derrotas eran habituales, pero siempre hubo esperanza.

“En ese caso perdimos. El Consejo para la Transparencia dijo que acceder a esta información afectaba a los derechos económicos y comerciales de la empresa, pero era todo un tema muy desconocido”, recuerda. El camino siguió luego con una primera apelación en la Corte de Apelaciones buscando demostrar que toda esta información no era ninguna cuestión técnica ni que tampoco afectaba el know-how de las empresas. Al final, la Corte terminaría dándole la razón, algo que todavía la llena de emoción. “Esto fue el año 2015, o sea, no, de verdad, esto ha sido una batalla muy, muy larga”, afirma al mirar en retrospectiva.

 

Después de esas experiencias, ¿qué los llevó a tomar la decisión de realizar modificaciones derechamente a la Ley de General de Pesca y Acuicultura para abordar estos temas?

Nos dimos cuenta que litigando al final no conseguíamos lo que buscábamos. Era muy tarde cuando recibíamos la información. Yendo a la Corte de Apelaciones, yendo a la Corte Suprema, y además las empresas normalmente iban al Tribunal Constitucional, entonces te podías demorar cuatro años en que te entregaran la información. Y todo el propósito de que esta información sea pública es que los consumidores puedan tomar mejores decisiones, y si te dicen que el salmón que compraste hace cuatro años tenía cierta cantidad de antibióticos, al final el objetivo de hacer pública esta información se pierde.

¿Cómo enfrentó la industria salmonera el proceso del proyecto de ley considerando, como relatas, que de alguna manera siempre se opuso a transparentar información relativa a antimicrobianos?

La industria tuvo una evolución muy grande sobre este punto, porque al principio los argumentos que se daban era que esto iba a afectar el know-how y la competitividad de las empresas, porque invertían millones y millones de dólares en I+D para aplicar los antibióticos. Públicamente, yo tenía que demostrar tres cosas. Lo primero es que esta información obra en manos de la administración, porque eso significa que por ley las empresas tienen que entregar esta información, entonces hay una presunción de publicidad, por lo que tienen que demostrar por qué esto les afecta. Después yo tenía que demostrar que esta información es pública, y hay muchas formas de conocer qué antibióticos se estaban utilizando. Por ejemplo, las Resoluciones de Calificación Ambiental contienen esta información, y hay informes de sustentabilidad de las empresas que ya contienen esta información, pero nosotros nunca quisimos que las empresas directamente nos dieran la información. Para nosotros era muy importante que se nos diera a través de la institucionalidad. Y lo tercero que teníamos que demostrar es que esta información es de relevancia pública ¿Y por qué? Porque un inadecuado uso de antibióticos conlleva a la resistencia bacteriana. La OMS establece que al año 2050 la principal causa de muerte va a ser la resistencia a los antimicrobianos, entonces, incluso aunque esto afecte los derechos económicos y comerciales de las empresas salmoneras, es información que debe prevalecer como pública porque puede afectar el interés público debido a que afecta la salud humana. Al final, cuando presentamos el proyecto de ley y lo discutimos las empresas decían sí, que se abra la información, pero no ocurrió lo mismo con los escapes de salmones. Tuvimos esos dos contrastes.

Pero las empresas salmoneras ya implementaban esta última medida, como cuando el año 2018 se produjo el escape de 690 mil salmones del Atlántico.

Pero hasta ahí no más, porque los pescadores daban un testimonio ante notario de que eso había ocurrido (la recaptura), mientras que ahora tiene que existir una entrega material efectiva de los salmones recapturados, entonces se les autoriza y además hay un mecanismo más efectivo para demostrar que se recapturaron salmones.

Volviendo al tema de la transparencia, ¿se proyecta a través de un reglamento alguna especie de plataforma donde las empresas puedan disponer de esta información u otro mecanismo que permita que esté disponible para el público y sea de fácil lectura?

El reglamento podría eventualmente precisar esas cosas, pero lo que queremos hacer, y que hicimos previamente con Sernapesca, es traducir estos datos en información para que cualquier persona, que no necesariamente sea un experto en la materia, pueda encontrarse con información mucho más amigable. El propósito siempre ha sido hacer rankings y señalar las mejores empresas porque ocupan menos antibióticos. Y esta información no es solamente sobre el uso de antibióticos, sino que también antiparasitarios, mortalidades, es decir, cuántos salmones se les mueren mientras los cultivan. Y también se va a precisar el número de escapes por centro para incentivar que se elijan aquellos donde no se producen escapes de salmones. Y todo esto asociado a la biomasa, porque tú puedes producir muy pocos salmones y ocupar muchos antibióticos, entonces es importante hacer ese cruce de información.

¿Cómo estas nuevas obligaciones en términos de transparencia podrían ayudar en la competitividad de las mismas empresas salmoneras para reducir el uso de antibióticos, antiparasitarios o en la misma mortalidad y escapes de salmones?

Queremos que esto genere un impacto tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, los mercados se preocupan mucho del cumplimiento de estos estándares, y la gente está dispuesta a pagar más plata. Entonces, por ejemplo, el salmón japonés o el salmón noruego no cuestan lo mismo que el salmón chileno porque hay una percepción, avalada por los números, que demuestran que el salmón chileno cuesta menos por los bajos estándares ambientales en que se produce. Las sociedades más ricas están dispuestas a pagar más para que esas externalidades se internalicen. La idea es que las empresas puedan ser reconocidas por su mejor desempeño, y que una persona diga que quiere comprar determinada marca porque sabe que es mejor. Internacionalmente sabemos que eso está ocurriendo, pero también queremos que en Chile sea normal que las personas elijan un salmón porque saben que tiene mejores indicadores, tal como ocurre con otras industrias. De esta manera, las empresas que, por ejemplo, están produciendo sin antibióticos, podrían publicitar que sus salmones son producidos sin antibióticos, pero que exista una base detrás y no sea solo marketing. Hoy en día todas las empresas podrían decir que venden salmón sin antibióticos porque en el momento en que comes ese salmón ya no tiene antibióticos dado que la ley lo exige, pero las empresas que efectivamente están produciendo sin antibióticos podrían jactarse de ese tipo de cosas. Y para el caso de aquellas que lo están haciendo mal podamos publicitarlas, por ejemplo, como las empresas que más antibióticos utilizan.

Tomando en cuenta el mismo ejemplo de escape masivo de salmones del 2018, algunas empresas suelen argumentar, ocurrido el hecho, que se enfrentaron a una fuerza mayor imposible de prever, o a un evento de la naturaleza que superaba todas las medidas que se habían adoptado. ¿Cómo la nueva ley enfrenta estos temas?

Hay dos cosas: el establecimiento de sanciones no está sujeto ahora a la certificación. Se sancionará si es que se escapó un salmón, aunque la empresa haya cumplido con todo lo que tenía que cumplir. Eso es súper relevante porque cada empresa va a tener que tomar las condiciones de seguridad que sean necesarias de acuerdo a las características de su centro. Desde nuestro punto de vista era muy incorrecto establecer altos estándares para todos los centros, ya que no todos necesitan cumplir con los mismos requisitos. Esto va a depender de la exposición a los vientos, las mareas. Cada empresa conoce mucho mejor qué herramientas tiene que tomar para prevenir los escapes de salmones. Y si es que tomó medidas incorrectas, va a ser sancionada porque no tomó las medidas necesarias. La fuerza mayor y el caso cortito fueron contemplados en el proyecto de ley en forma expresa, y de todas formas es un principio del derecho, pero las condiciones habituales del sur de Chile son argumentos que ya en Tribunales Ambientales han sido desestimados.

Las sanciones que hoy se establecen son significativas y, por lo tanto, las empresas desde una perspectiva económica tienen un incentivo gigante para tomar todas las medidas necesarias para prevenir el escape de salmones. Además de las multas, se contemplan sanciones relacionadas con la suspensión, y de acuerdo a la propia información que fue entregada por Sernapesca, la suspensión de las operaciones es una sanción muy relevante, entonces tienen todos los incentivos para tomar los mecanismos de prevención, que era el principal objetivo de la ley. El objetivo de la ley no es sancionar, sino que las empresas salmoneras tomen las medidas necesarias para prevenir escapes de salmones.

¿Cómo crees que todas estas medidas que se incorporaron en esta ley podrían permitir a futuro, sobre todo en cuanto a la información, desarrollar una mejor política pública que pueda elevar los estándares de la industria?

Como la información va a estar pública y también va a ser de acceso para centros de estudios y universidades, la idea es que se pueda generar una mejor política pública. Las mismas universidades tenían muchos problemas accediendo a esta información, a veces podían acceder a ella, pero después no podían publicarla o tenían que publicarla de cierta forma. También la idea es que la propia gente pueda fiscalizar, porque son las personas las primeras en saber cuándo ocurre un escape. Desde los distintos actores de la sociedad civil, la idea es que se utilice esta información.

¿Podría esta información ser clave incluso en futuras evaluaciones de los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas salmoneras?

Efectivamente, esto nos va a plantear cuáles son las siguientes medidas. Esto eventualmente podría provocar también que quizás debamos limitar la producción de salmón porque sabemos que las condiciones en determinados lugares lo hacen insostenible, por ejemplo. Este es un primer paso para tener mejor claridad en torno qué es lo que está ocurriendo en los fiordos del país y cuáles son las medidas siguientes que se deben tomar. Nosotros hemos podido ver que hoy en día Sernapesca se ve bien sobrecogido en la administración de esta información. La idea es que esto no termine aquí, sino que se sigan tomando medidas para una mejor administración y manejo, y para algunos casos realmente poder decir que en ciertas situaciones la industria efectivamente no debe seguir creciendo. Eso es algo que nosotros creemos que debe ser desde ya, así como realmente entender que la salmonicultura no se puede desarrollar dentro de las áreas marinas protegidas. Y esto lo vamos a tener claro, con mucha mayor certeza, cuando esta información sea pública.

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