“La principal problemática en torno a la desalación es que no hay una regulación específica”

Por: Tomás Moggia Cárdenas

Durante los últimos años, la escasez hídrica que enfrenta gran parte del país ha llevado poco a poco a instalar a la desalinización como una solución concreta para abastecer de agua a áreas productivas como la minería y la agricultura, e incluso para el consumo humano. Sin embargo, esta tecnología presenta una serie de oportunidades y desafíos, existiendo el riesgo de caer en un enfoque reduccionista que, con tal de abordar la inseguridad hídrica de Chile en un contexto de cambio climático, haga vista gorda a los impactos socioambientales que pueda generar su desarrollo.

De acuerdo al informe “Desalinización: Oportunidades y desafíos para abordar la inseguridad hídrica en Chile”, la capacidad de desalinización actual del país se concentra en 38 plantas operativas que alcanzan una producción de 8.558 litros por segundo. Según el mismo documento, tomando en cuenta los proyectos y ampliaciones anunciadas hasta la fecha, esa capacidad se cuadriplicaría a 38.766 l/s (76 plantas), tendiendo a las regiones de Antofagasta y Atacama como las de mayor crecimiento.

Esta masificación de las plantas desaladoras pone de manifiesto la necesidad de planificar su desarrollo futuro con base en la ciencia, los territorios y sus comunidades. Frente a este escenario, un equipo de ONG FIMA publicó recientemente el estudio titulado “Transición socioecológica justa en Chile: recomendaciones para la protección de los ecosistemas marino costeros frente a la desalación del agua de mar. Estudio de caso en la comuna de Antofagasta”.

El informe contempló, entre otros elementos, la realización de un catastro y revisión de los proyectos de desalinización ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, considerando tanto los que se encuentran operando como los que están en proceso de evaluación. Además, se efectuaron entrevistas en profundidad con especialistas en la materia, así como focus group en los que participaron organizaciones de la comuna para determinar qué impactos están visualizando en su territorio. Si bien la experiencia comparada da cuenta de algunos impactos como la inyección de las aguas de rechazo de vuelta al mar (principalmente como salmuera), lo cierto es que también hay otros impactos que al menos en Chile han sido escasamente estudiados.

Constanza Gumucio, abogada de ONG FIMA.

“Se ha generado cierta sensación de que la desalación va a ser una solución a la escasez hídrica, pero eso va a ser real siempre y cuando quite presión al uso de las aguas continentales, y eso es lo que fuimos a testear en Antofagasta. Teníamos la intuición de que no era así, y la poca evidencia que hay también indica que no porque el agua continental se siguió ocupando. Además, como no hay una planificación de por medio, en Antofagasta, a raíz de la actividad minera, es donde se proyecta que más va a crecer esta industria. Al final, nos preguntamos si es realmente la desalación una solución a la escasez hídrica entendiendo esta visión más amplia de todo el ciclo hidrológico”, sostiene la abogada Constanza Gumucio, una de las investigadoras del estudio preparado por ONG FIMA, organización que a las 19 horas del jueves 1 de junio realizará un taller online llamado “participación ciudadana en la desalación de agua de mar”.

¿Cuáles son las principales lecciones que deja esta investigación?

Algo muy lindo que salió de los focus group se relaciona con las siguientes preguntas: ¿Por qué tenemos que desalar? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Siempre se dice que es por la escasez hídrica y para el consumo humano, ¿pero realmente esta agua va a ir para el consumo de las personas, y realmente las personas quieren consumir esta agua? No hay que pensar que la desalación es una solución a la escasez hídrica por sí misma, sino que hay que mirar el contexto y analizar luego si es realmente una buena solución. Otros hallazgos tuvieron que ver con la importancia del ordenamiento territorial y de la planificación a escala local y nacional. Sobre lo primero, no se trata de llegar e instalar una desaladora en cualquier lugar, hay que pensar en que genere los menores impactos posibles, que esté lejos de poblaciones o de lugares que, por ejemplo, las personas que habitan en el territorio pueden considerar relevantes en términos de protección de la biodiversidad o también en términos culturales y sociales. Entonces, se vuelve importante siempre planificar esto a nivel nacional, pero también con pertinencia local, para que se impacte lo menos posible los territorios. Otra lección es que tenemos un gran fraccionamiento en la regulación de las aguas en Chile porque las aguas terrestres son regidas por el Código de Aguas, mientras que las aguas de mar por otras normas. Finalmente, hay que incluir a la desalación en la gestión integrada de cuencas o no servirá para quitar presión a las aguas continentales, y se deben regular los volúmenes de agua que se van a sacar para ello.

Justamente vinculado con esto último, ¿cuáles son las principales debilidades en términos de políticas públicas para la instalación de las plantas desaladoras, tanto en el Sistema de Evaluación Ambiental como en la propiedad misma del agua?

El principal problema es que no hay regulación de la desalación en Chile. Por ejemplo, no hay normas que obliguen a las desaladoras a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El SEA publicó recientemente una guía para la evaluación de plantas desaladoras. Es un avance. Sin embargo, siguiendo con la evaluación ambiental, aunque esto es algo transversal, no hay evidencia de los impactos que generan las desaladoras en Chile. Tampoco hay información sobre el estado actual de los ecosistemas marino-costeros, entonces si quisiéramos hacer un estudio sobre cómo han impactado, no tenemos líneas de base. Las únicas líneas de base que existen son, eventualmente, las de los mismos proyectos, entonces no tenemos cómo medir este impacto. En la evaluación ambiental se abordan siempre los impactos de la salmuera y de la succión de organismos, pero todos los otros impactos, como no se han levantado -como nunca se ha medido, por ejemplo, el impacto del fraccionamiento de los ecosistemas costeros o marinos- están poco explorados.

Por otro lado, en términos de planificación territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial a nivel regional aun no entran en vigencia, como la zonificación o el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), por lo que está todo un poco en tierra de nadie todavía.

¿La alta concentración de desaladoras que en el caso de la comuna de Antofagasta se da en Punta Coloso, por ejemplo, da cuenta justamente de esa falta de ordenamiento territorial, con varias plantas en un mismo lugar?

Sí, pero además la instalación de plantas desaladoras no hay que mirarla sólo como proyectos en sí mismos. La proyección de la desalinización se tiene que mirar en conjunto con la proyección de las agendas de minería y energía, porque quienes principalmente están desalando son las empresas que requieren agua para sus actividades productivas. En este minuto no hay ninguna planificación de la zona costera y de cómo se permitirá el desarrollo de actividades productivas.

Tampoco hay una causal directa de ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino como que generalmente se trata como un apéndice de una determinada iniciativa.

Efectivamente, no hay una causal de ingreso, eso no es un misterio para nadie y se da el ingreso en general por ser parte de un proyecto minero, de energía, o por el uso de acueductos. El problema de eso es que cuando se proponen medidas de mitigación, compensación o reparación, se piensan para el proyecto en su totalidad, entonces nosotros apuntamos a que se incluya una tipología porque va a permitir establecer medidas y ver los impactos en razón de esta causal de ingreso en particular.

Ahora se otorgan concesiones marítimas para el desarrollo de las plantas desaladoras, ¿consideran que es necesaria la existencia de una entidad fiscalizadora distinta al Ministerio de Defensa?

El Ministerio de Defensa no es el organismo encargado de velar por la protección de los ecosistemas marino-costeros. Como mencioné antes, la principal problemática en torno a las desaladoras es que no hay una regulación específica. Existen normas que uno puede aplicar para el caso de las desaladoras, pero no están enfocadas para ello. En este sentido, las concesiones tampoco son el instrumento adecuado para proteger los ecosistemas marino-costeros, solo son autorizaciones para usar el espacio costero y el agua de mar, pero no están pensadas para la protección de los ecosistemas marino-costeros. Ello podría cambiar de existir un tipo de concesión específica, con requisitos específicos, ya que los derechos de aprovechamiento de agua, por ejemplo, tampoco solucionarían ese problema y, por lo demás, no son aplicables actualmente. La única solución, por ahora, sería hacer una modificación en las concesiones.

De todas formas, se está discutiendo un proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. ¿Podría otorgar herramientas adecuadas para hacerse cargo de estas brechas?

En cuanto al concepto de cuenca, el único pequeño avance que hemos visto en ese sentido no está en el proyecto de ley, sino que en otra regulación. Ahora la Ley Marco Sobre Cambio Climático obliga a realizar una estrategia de recursos hídricos a nivel de cuenca, y los reglamentos que determinan cómo se va a llevar a cabo esta estrategia salieron a consulta pública. Ahí sí se hablaba de incluir la desalación. Sin embargo, la estrategia hídrica es una herramienta del Código de Aguas, que hay que recordar que rige las aguas territoriales. Esta es una discusión que tiene mucho que ver también con el régimen de concesiones o los derechos de aprovechamiento. Quizá una de las discusiones jurídicas más álgidas es que el agua de mar nadie discute que es un bien común y que se va a regir por las normas de los bienes comunes, pero una vez que el agua está desalada, ¿de quién es? ¿Del desalador o sigue siendo un bien público? En España, por ejemplo, se tendió a seguir con ese estatus del agua, que sea un bien público. Acá en Chile hay varias personas que proponen que se asimile a las aguas territoriales, con derechos de aprovechamiento y que el que desala sea el propietario.

¿Cuáles fueron los principales impactos socioambientales que detectaron en Antofagasta?

A mí me gustó mucho la conversación con quienes viven en Antofagasta porque relevaban el para qué, por qué y para quiénes. Es interesante que no solo están pensando en los impactos actuales, sino que hacen esa proyección a futuro. En Antofagasta, si hablas sobre la desalación, sobre todo con la gente mayor, te van a decir que es una solución porque ahora pueden tomar agua. Con quienes conversamos para realizar el informe también nos dicen que la ven como una solución, pero se preguntan a qué costo. Los costos que ahora no podemos medir. Entonces, lo primero es tener siempre este enfoque precautorio a la hora de pensar en posibles impactos socioambientales. Luego, algunos habitantes ya veían el impacto de las aguas de rechazo, y comentaban que hay lugares donde ya no te puedes bañar por la salinidad de las aguas, y que los pescadores les habían comentado mucho sobre el blanqueo de los fondos del mar, que es todo el depósito de la salmuera que está quedando ahí. Pueden existir además otros impactos y no los hemos podido medir todavía porque no hay líneas de base, entonces no sabemos si, por ejemplo, ya se alteró la composición química del agua, etcétera. Sumado a esos impactos, a los habitantes de Antofagasta también les preocupaba mucho el acceso a las playas con la instalación de las desaladoras, y también habían identificado lugares de nidificación que creen que se verán impactados y que se van a fragmentar, sobre todo los hábitats costeros.

Finalmente, se identifica un impacto social como consecuencia de la desalación para consumo humano. Muchas personas no están tomando el agua desalada porque les parece que tiene mal sabor. Entonces, quienes son consumidores del agua están asumiendo el costo económico de tener que comprar agua embotellada porque no quieren consumir el agua desalada. Ese es un impacto del que también debiesen hacerse cargo las plantas desaladoras que quieran entregar agua para consumo humano. No puede ser que se genere un impacto en los ecosistemas para que después nadie use el agua porque no la quiere.

¿Qué elementos asoman como clave, a partir del estudio que hicieron, pensando en una mejor planificación de la industria, sobre todo en términos de participación ciudadana, que hasta ahora es prácticamente nula en este tipo de casos?

Uno de los aspectos clave es entender que la desalación de agua de mar se produce espacialmente en lugares que ya están en un estado de fragilidad por el cambio climático, que son los ecosistemas marino-costeros, y que se espera que sean de los más más afectados. Se supone que la desalación es una solución a un problema del cambio climático, pero también se deben ver las otras presiones y aristas de este mismo fenómeno. Lo segundo, es pensar en una gestión integrada de la cuenca. Es arriesgado proponer que la desalación es realmente una buena solución a la escasez hídrica cuando no se mira de manera integrada con el uso de las aguas continentales y con la protección de los ecosistemas marino-costeros.

Nosotros vemos como herramientas muy importantes para lograr todo esto los planes de adaptación y los planes estratégicos de recursos hídricos a nivel de cuenca, y también los instrumentos de ordenamiento territorial, sobre todo los que son a nivel regional, que vendrían a ser los PROT, aunque ninguno está vigente aún. Lo ideal es que se generen, no solo por la desalación, y también las zonificaciones del borde costero, que hay solo tres en Chile. Y, por último, está la evaluación ambiental, que ya tiene que ver más con ir proyecto a proyecto, con una pertinencia territorial mucho más minuciosa, para ver si determinado proyecto, en el lugar donde pretende instalarse y ocupando los elementos que va a ocupar, va a generar impacto. Así se va desde lo más macro hasta lo más pequeñito.

Hace poco los pescadores de la bahía de Quintero se tomaron la obra de construcción de una planta desaladora, lo que en definitiva da cuenta de cómo a veces está operando la industria.

Por supuesto, todo esto que mencionaba antes tiene que ser con participación ciudadana. Afortunadamente, muchos de estos instrumentos, como los de planificación territorial, planificación y evaluación ambiental, tienen espacios formales para la participación ciudadana. De lo contrario, habría que generarlos porque hay tan poca evidencia, que las proyecciones en torno a lo que nos importa y sobre si realmente queremos esto o no, también son muy necesarias. Y eso es lo que más se destacaba en los encuentros realizados en Antofagasta. Quizá es necesaria (la desalación), pero a una escala más pequeña. Ahora se está potenciando sin existir una regulación clara.

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