Y la solicitud del ECMPO Weki-Wil: “Se toma muy poco en cuenta la opinión de las comunidades indígenas”

Por esas circunstancias azarosas de la vida, Juan Catín nació en Punta Arenas, lejos de la tierra natal de su familia. Sin embargo, al poco tiempo sus padres decidieron retornar y volver a establecerse en Buill, allí donde son originarios los Catín. La península de Huequi, también conocida como Comau, es una tierra en la que antiguos bosques valdivianos todavía se yerguen intocados hasta fundirse con las aguas del Océano Pacífico. Un lugar en donde sus habitantes mantienen profundamente arraigadas sus costumbres y tradiciones al compás de los tiempos que dictan las estaciones.

Juan Catín es el presidente de la comunidad indígena de Buill.
Juan Catín es el presidente de la comunidad indígena de Buill.

En gran medida, la vida allí gira en torno a la pesca, la recolección de orilla y la agricultura. En esa dinámica, el mar no está presente simplemente como un telón de fondo: el mar representa el sustento, pero también la vía de conexión con el resto del mundo, especialmente con el archipiélago de Chiloé. En la península de Huequi no hay rutas de acceso terrestre. Desde tiempos inmemoriales, la navegación ha sido la única forma de desplazamiento para la población local.

Juan Catín se aventuró hasta Chiloé y otros lugares para estudiar y trabajar en la construcción, área en la que todavía se desenvuelve. Pero, tal como sus padres, volvió. “Al final, las raíces llaman”, cuenta el presidente de la comunidad indígena de Buill. Dice que siempre le ha gustado el trabajo comunitario, y no por nada antes fue dirigente de una de las juntas de vecinos de su localidad.

Por eso no titubeó a la hora de tomar nuevos desafíos. Y es que cuando asumió el rol que hoy ocupa, recién había sido declarada admisible la solicitud del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) de Weki-Wil. “Sabía que era un tema desafiante, con mucha responsabilidad, pero siempre he tenido las ganas de trabajar para eso, así que no fue muy difícil decidirme”, explica Juan Catín.

Los ECMPO representan el eje central de la Ley N° 20.249, también conocida como Ley Lafkenche, que promulgada el año 2008 buscaba llenar el vacío existente en la normativa de aquel entonces en relación con la forma de vida ancestral cultivada en la zona costera por mapuche lafkenche y otros pueblos originarios. Esta figura permite entregar la administración de un segmento de la zona costera a una comunidad indígena o un conjunto de ellas mediante un convenio de uso por tiempo indefinido entre las organizaciones y el Estado (a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subpesca), en la medida en que exista disponibilidad en el área pretendida y se pruebe un uso consuetudinario de la misma ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Una vez concluido ese paso, corresponde el pronunciamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de aprobar, modificar o rechazar la superficie solicitada y acreditada por la CONADI.

La solicitud del Espacio Costero y Marino de Pueblos Originarios Weki – Wil se inició en noviembre de 2020, abarcando 66.349,6 hectáreas en dos polígonos ubicados entre los fiordos Comau y Reñihué, destacando usos consuetudinarios como la navegación, la pesca, la marisca, el buceo y la extracción de algas, entre otros. En el proceso, la comunidad indígena de Buill ha recibido desde el año 2021 el apoyo técnico del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile. No obstante, lo cierto es que la solicitud del ECMPO fue una necesidad imperiosa ante la gran amenaza que representa la industria acuícola en la zona: se proponían áreas de captación de semillas de choritos de poco más de 1.000 hectáreas, correspondientes al 70% propuesto en la región de Los Lagos.

¿Cómo surgió la idea de organizarse para solicitar el ECMPO?

Nos iban a plagar con cuelgas de choros, boyas y todo lo que implica esta industria, entonces se empezó a trabajar la manera para frenarlo, porque es una empresa que no genera mayores dividendos en las comunidades, ya que al final es un producto que se trabaja solo y genera un impacto visual y ecológico. Ellos presentaban el proyecto como una propuesta que iba a generar trabajo y vínculo con las comunidades, pero uno ya sabe cómo es el proceso: los choritos tienen periodos en los que uno puede trabajar, pero es un producto que no necesita mayores resguardos y cuidados, entonces no genera el nivel de ingresos que ellos nos proponían. Por eso nació la necesidad de ver cómo proteger estos espacios. Tocó la buena suerte porque justo por parte del programa Servicio País había una chica bióloga marina aquí y ella tenía el conocimiento con respecto al ECMPO, y empezamos a trabajar con las comunidades y las localidades aledañas para levantar firmas, preguntar y saber qué opinaba la gente. Al final, fue una decisión prácticamente unánime, ya que hubo más de 38 organizaciones dentro de la península que estuvieron de acuerdo, entre sindicatos de pescadores y otras organizaciones, y que accedieron a que la forma de proteger los espacios era mediante un ECMPO.

¿Con la solicitud del ECMPO se paralizó el proyecto para designar esa zona de mil hectáreas para la captación de semillas de choritos?

Sí, efectivamente. Logramos en cierta forma paralizar esas solicitudes porque al hacerse admisible la solicitud de ECMPO se frena el resto de las solicitudes que hay de por medio. Lo que hemos ido haciendo ahora es trabajar con las comunidades para ir viendo el plan de trabajo futuro (plan de administración) que se pueda llegar a lograr en cuanto a conceptos sostenibles que generan las mismas comunidades. El mayor acuerdo que tenían las comunidades era frenar este tema, que se veía que era a una escala industrial, porque hay mucha gente que ha solicitado concesiones de choritos para fines particulares en espacios ínfimos y nunca se las otorgaron (la mitilicultura es desarrollada a pequeña escala por algunos habitantes de la península, razón por la cual se desafectaron del área solicitada para el ECMPO cuatro polígonos que corresponden a sectores trabajados por mitilicultores locales), pero venía toda esta superficie con más de 1.024 hectáreas que estaban a disposición de la gran industria. Era obvio que por más que se dijera que se enfocaba en el miticultor local, nunca fue así.

¿Qué amenaza representa para ustedes la acuicultura considerando que también existe una fuerte presencia de salmonicultura hasta bien entrado el fiordo Reñihué?

Ya tenemos la salmonicultura con el tráfico de barcos, con todo lo que significa esa industria, y a eso habría que sumarle el impacto que hubieran generado los choros en ambos fiordos, aparte del impacto visual, que sería inmenso. También estaba el tema de la navegación. Tenemos rutas balleneras aquí, en ambos fiordos circulan, y ya con los barcos y salmoneras, ponerles choros más encima, no tendríamos un buen flujo en ese aspecto. Afectaría también la navegación propia de los pescadores, los puertos de fondeo, todo eso afectaba.

Tenemos empresas locales que realizan rutas y turismo local, y la península en sí es un ambiente que da para desarrollar el turismo. Sabemos que los recursos que tenemos son escasos, y ya tenemos presente la salmonicultura, que está detrás del daño que ya se ha efectuado, y traer más encima o haber permitido que los choritos llegaran, implicaba el doble de riesgo, por eso nació este concepto de proteger y conservar, pero preservar para la misma gente de la zona, porque el uso que se realiza en las localidades siempre ha sido un uso controlado. La gente sabe dónde sacar, cuándo sacar, sabe de qué tamaño puede cosechar sus productos, entonces que se viniera toda esta industria encima significaba quitarles los espacios a los mismos productos, pero también significaba una pérdida total de los beneficios que nosotros adquirimos directamente del mar.

¿Y qué te parece que haya instancias como las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC) pero que al final no parecen ser muy relevantes, por más que uno de los últimos pasos del proceso de solicitud de ECMPO requiera de su pronunciamiento?

Nosotros tuvimos hace poquito una reunión con el delegado provincial porque encontramos que se toma muy poco en cuenta la opinión de las comunidades indígenas, siendo que somos parte importante de lo que debiera ser o resolver una instancia como la CRUBC. Siempre nos han dejado de lado, siendo que somos parte de la región y parte importante de lo que converge en los espacios costeros en cuanto a su protección. Como comunidades consideramos que deberíamos ser un actor importante en la CRUBC, no ser parte de los “otros” que integran la CRUBC. Tenemos la garantía de que nos hemos logrado unificar como territorio con otros actores que hay de ECMPO, como Mañihueico-Huinay en la comuna de Hualaihué (hacia el norte), e Islas Desertores en la comuna de Chaitén (hacia el sur). En base a eso hemos ido levantando nuestras propias demandas y haciendo ruido porque al final necesitamos que seamos considerados, que seamos parte de los procesos porque somos parte del territorio, somos los que conocemos el territorio, y si no nos consideran, realmente no tenemos claridad en torno a qué tipo de gobernanza se está llevando a cabo, ya que no son consideradas las partes principales, que somos quienes vivimos en el territorio.

¿Cuál es la vocación que la comunidad visualiza para el territorio?

La actividad siempre ha sido alternada porque se va rotando, dependiendo de la época del año, entre agricultura, la pesca, y en verano con la recolección de orilla. La gente siempre ha rotado en estos ciclos de trabajo. Quizá como una forma extra que está naciendo ahora está el turismo, el turismo de conservación, y ahí es donde vemos el efecto de la gran industria y su impacto. Un ejemplo vivo es una pingüinera local, que se ha visto afectada por las salmoneras. Se instaló una salmonera en el área provocando que llegaran lobos marinos, que ahora se están comiendo los pingüinos y sus huevos, entonces ha desaparecido en gran parte este ecosistema. Son diferencias tremendas a nivel local del efecto que genera la gran industria.

Como comunidad iniciaron el proceso de solicitud en noviembre del 2020, y pese a que la ley establece que no debería pasar más de un año hasta la entrega de la Destinación Marítima, eso todavía no se cumple. ¿Qué te parece que en promedio el proceso tarde unos 4 años y medio?

Nosotros estamos en la tercera etapa, que es la visita de la CONADI, y hay más de 10 solicitudes más sobre la nuestra. Encontramos que estos procesos han sido muy extensos y extenuantes. Debería ponerse más énfasis en estos asuntos, trabajar con más gente que pueda hacer posible que estos procesos avancen con mayor agilidad. Entiendo que fiscalizadores para este tipo de cosas hay dos o tres para la región, que es una de las que tienen más solicitudes de ECMPO. La gente que está destinada para llevar ese proceso es muy poca, entonces genera trabas y un desgaste tremendo. Y también vemos las maniobras políticas que se generan para tratar de frenar o revertir los procesos que estamos llevando a cabo, y esa es otra cara de las solicitudes de ECMPO. Vemos las grandes mentiras o falsas noticias que andan circulando en relación a los procesos ECMPO, que vienen directamente de otros sectores que tienen que ver o están ligados completamente a lo que es la industria. Todo esto va afectando la solicitud a medida que va pasando el tiempo. Obviamente, si la gente no ve avances, si no ve resultados concretos, va creyendo muchas veces en esas falsas noticias. Cuando la industria tiene el poder de transmitir y llevar su información falsa a otros lados, se le abren oportunidades. Uno va avanzando a medida que puede, y a medida que la ley o las diversas instancias lo van permitiendo. Es una complicación la lentitud de los procesos.

A tu juicio, ¿cuál es el principal valor que tiene el ECMPO?

El conocimiento que posee la misma gente que habita el territorio, y que sean esas personas las que administren sus propios espacios a través del ECMPO, encuentro que tienen un alto valor, ya que son ellos los que conocen, trabajan y viven de esos espacios. Que venga alguien de afuera y administre un espacio sin conocerlo obviamente va a ser en beneficio propio. Pero si son las mismas comunidades las que administran sus espacios van a tener el cuidado de conservar y producir, y de regenerar, porque esta zona ha sido explotada por la gran industria, y si le seguimos generando instancias o abriendo puertas, ellos no van a pensar en la gente que vive aquí o rodea estos espacios. En cambio, si le generas el vínculo a las personas para ser ellos mismos los que administren sus áreas, van a tratar de conservar y hacer crecer sus propias zonas porque saben que es su sustento.

 

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