Por: Tomás Moggia Cárdenas
Hace algunos pocos años atrás, el escenario que enfrentaban los humedales era crítico. En términos generales, la ciudadanía conocía muy poco acerca de estos ecosistemas y su importancia, a lo que se sumaba el alto nivel de degradación que se encontraba buena parte de ellos, en especial en la zona costera del centro de Chile. El grado de desprotección era tal en el caso de estos últimos, que prácticamente no estaban representados dentro de las áreas protegidas.
“Eran como el basurero de Chile, y nuestro país además siempre ha tendido a darle la espalda a los ecosistemas costeros”, sostiene Claudia Silva, coordinadora nacional del proyecto GEF Humedales Costeros, al recordar el contexto en que iniciaron allá por el año 2017 la planificación de esta iniciativa financiada por el Global Environmental Fund (GEF), dirigida por el Ministerio del Medio Ambiente y que tiene a ONU Medio Ambiente como agencia implementadora.
En sectores urbanos, la amenaza principal para los humedales costeros es -y sigue siendo- la pérdida de hábitat por desarrollo inmobiliario u otros tipos de infraestructura, para lo cual se suele rellenar sin tapujos estos ecosistemas. En áreas rurales, en tanto, las amenazas suelen afectar la parte alta de la cuenca: contaminación difusa y directa por sanitarias y las industrias agrícola y forestal.
A Claudia Silva le gusta ver a los humedales costeros como un semáforo de lo que ocurre aguas arriba. “Son buenos indicadores de la salud de la cuenca. Por eso el enfoque del proyecto es fuerte en esa área, y estamos elaborando planes de gestión integrada de cuencas en cada uno de los pilotos para pilotear este tipo de gestión y que no sea solo en el polígono del humedal, sino que viendo todo lo que es uso de suelos, cobertura y amenazas en toda la cuenca”, explica.
Silva pone énfasis en la importancia de mejorar (o diversificar) actividades productivas que están asociadas a humedales costeros, sobre todo en aquellos que son rurales. Esto, espera, permitirá una gestión más sustentable de este tipo de ecosistemas, considerando que muchos de ellos, por diversas razones, no se convertirán en un área protegida.
El proyecto GEF Humedales Costeros arrancó a principios del 2020 coincidiendo con la promulgación de la Ley de Humedales Urbanos. La iniciativa se centró en la ecorregión mediterránea chilena por tratarse de un hotspot de biodiversidad; una biodiversidad muy relevante, pero también muy amenazada al albergar cerca del 80% de la población de Chile. El área de acción abarca así un territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía, zona en la que se han ido desarrollando cinco experiencias piloto: en la desembocadura del río Elqui, y en los humedales de Mantagua, Cáhuil, Rocuant-Andalién, y Queule.
¿Por qué se eligieron estos lugares y qué se puede sacar en limpio para extrapolar ese tipo de experiencias a otros humedales?
Ese era el objetivo, queríamos tener un abanico de experiencias piloto que fueran replicables y que representaran casos que había a lo largo de todo Chile. Uno de esos criterios era que fueran distintas las amenazas a las que estaban expuestos los humedales piloto, unos mucho más urbanos, otros rurales, con forestales, agricultura, o amenazas asociadas al turismo, y también que representaran a los actores típicos de los humedales a nivel nacional. Hay un par de casos donde todo el terreno adyacente al humedal es privado, y eso es muy típico en el país. Había que ver cómo trabajábamos en esos casos, cuando no hay espacio para hacer algo a nivel de Bienes Nacionales u otra estrategia. Y también humedales urbanos donde estuviéramos con la presión de la inmobiliaria. Fue todo un análisis de humedales que no estuvieran protegidos, que era la realidad más común, y que cumplieran estas distintas características. También diferencias climáticas entre Coquimbo y la Araucanía, para después replicar estas experiencias y que pudiesen tener un impacto mucho más grande, tipo bola de nieve.
¿Con qué barreras y desafíos se han encontrado durante estos primeros dos años?
Un punto que ha sido bien interesante en cuanto a desafíos es la gobernanza a nivel de los pilotos, especialmente los pilotos más urbanos, donde hay tantos intereses distintos. Quisimos poner todos los actores que tenían relación con el humedal sobre la mesa. No es tan fácil esa conversación entre las ONGs, que son bien ambientalistas y que encuentran que la protección tiene que ser ahora porque estamos perdiendo todo, y combinar eso con la inmobiliaria, cuyo mandato es la construcción. O incluso con sectores públicos cuyo mandato producir tierras agrícolas. Fue una experiencia interesante, y no siempre fácil. Pero también han surgido amenazas nuevas: la Ley de Humedales Urbanos causó miedo en el sector productivo, y se pusieron a rellenar humedales muy rápido para adelantarse a la aplicación de la ley. Tenemos imágenes satelitales que muestran cómo -el 2020 especialmente- hubo una alta pérdida de humedales por relleno.
¿Y qué se puede hacer con esa información? ¿Ha cambiado un poco esa perspectiva del sector privado?
Hay inmobiliarias que ya están muy concientizadas, que vieron que si empiezan a hacer rellenos de humedales, se les va a tirar la sociedad civil encima y los municipios no van a estar a favor de eso. Esta conciencia ciudadana ha hecho que se vayan por dos lados: las inmobiliarias que se preguntan cómo lo hacemos bien ahora, que están super abiertas a eso. Elaboramos una guía de buenas prácticas en construcción y turismo y nos piden la guía para aplicarla, piden asesorías, cambiaron el chip, pero hay otras inmobiliarias, que son las que no están en los comités, y están haciendo todas las reclamaciones legales por los humedales que han sido declarados urbanos, y con esas no hemos tenido ese contacto. No han pasado por el proceso que sí han pasado algunas con las que hemos trabajado desde el inicio.
¿Qué otro tipo de conclusiones han podido obtener frente a la amenaza que pueden representar los privados para los humedales?
Ahí ha sido súper interesante el caso de Mantagua, que está completamente rodeado de privados, y que desde antes tenía privados que estaban concientizados y que querían proteger el humedal, junto con otros que no tanto, y tenían conflictos internos. El primer año hicimos una buena línea de base, un buen estudio de la biodiversidad del humedal, las amenazas, uso de la tierra, mucho mapa para tener esta información espacial y geográficamente explícita, y al segundo año empezar con el plan de gestión integral de la cuenca, que equivale a una zonificación socioambiental. Y teniendo todo eso, sabiendo áreas de alto valor ecológico, tipos de actores e instrumentos de planificación territorial, hicimos el plan de gestión integral de la cuenca asociado a un plan de acción y ahí priorizamos las actividades, tanto del proyecto como las que vienen más adelante. La gracia de este plan de gestión es que como el proyecto no es ilimitado (se extiende hasta el 2024) se quiere dejar esto en bandeja para postular a FNDR o cualquier tipo de fondo nacional o internacional, y también viendo quién lo va a tomar. Estamos piloteando todo este tema de gobernanza del plan de gestión. El Ministerio también está viendo el tema de gestión de cuencas, entonces puede ser un actor relevante, pero con las nuevas atribuciones del GORE también puede ser interesante por esa vía. Con estos pilotos estamos evaluando cuáles son las mejores alternativas. Lo que nos pasó en Mantagua es que por primera vez se sentaron en la misma los distintos actores, con toda la información disponible, y fue una oportunidad para facilitar el proceso para que funcione. Ese rol de facilitador de proceso ha sido interesante en las regiones.
¿Cuáles han sido los hitos principales del proyecto?
El primer año fue para generar insumos que permitiesen hacer una buena planificación estratégica e implementar las acciones lo más que podamos, incluso de restauración, monitoreo y aplicación de buenas prácticas. También tenemos el lado de la creación de conciencia ambiental. Antes teníamos que ir a tocar puertas, y nadie nos pescaba. Hoy está súper relevado el tema de humedales, y en eso ayudó mucho la Ley de Humedales Urbanos. Trajo un impulso que fue súper fuerte… Apoyamos además la ley con la elaboración del reglamento a través de talleres macro-zonales con privados, ONGs y academia, y apoyando distintas capacitaciones asociadas a la ley. El reglamento también pidió tres guías y apoyamos las tres. Eso ha hecho que haya un enfoque bien fuerte con el tema de cómo hacemos que la implementación de la ley sea exitosa, y a la vez con temas que nosotros sabíamos que eran importantes y que no había recursos para hacerlos. El tema de la fiscalización era clave, porque todas las denuncias llegaban a la Seremi de Medio Ambiente, que no tiene ninguna capacidad de fiscalizar y no tiene ese mandato. Tampoco sabía muy bien a quién derivar. Por eso hicimos una guía para facilitar denuncias. Fue un proceso de un año donde juntamos a 13 servicios en la mesa, aclarando cosas. Después viene resolver qué recursos tienen estos servicios para fiscalizar de verdad. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) nos contaba que las denuncias asociadas a humedales han aumentado exponencialmente y no están las capacidades instaladas para ese tipo de fiscalización. Ya hay baja fiscalización, y ahora además hay más denuncias, entonces quedamos con este otro cuello de botella. Y otro punto importante es lo bajo que son las multas. Algunos municipios nos contaban que iban a fiscalizar, preparaban la multa, y los tipos venían con el cheque en la mano, como si fuese una película. Vemos que hay varios cuellos de botella y estamos tratando de apoyar con el tema de la fiscalización. Es lobby político también. Pero con SMA estamos tratando de ver la posibilidad de concentrar todas las denuncias de humedales en un número único. Sería mucho más fácil para acelerar los procesos.
