Por: Tomás Moggia Cárdenas
En marzo de 2022 comenzó a desarrollarse en Chile el proyecto GEF de Gobernanza Marino Costera. La iniciativa es implementada por la FAO con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), y ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).
La necesidad de trabajar esta temática en Chile es de larga data, pero su raíz puede fijarse en la promulgación el año 1995 de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que para muchos expertos y expertas en la materia se encuentra obsoleta ante la necesidad de considerar la interacción tierra-mar ya que según la normativa vigente, el espacio del borde costero considera las 12 millas náuticas de Mar Territorial junto con los 80 metros desde la línea de la más alta marea. Por el contrario, el proyecto GEF considera en su ámbito de trabajo la zona costera, incluyendo en su plan de acción territorios más amplios que se han caracterizado por su interacción ecológica con la costa y el mar.
Al tratarse de una zona fuertemente impactada por diversas actividades humanas, lo que ha llevado, entre otras cosas, a la degradación de hábitats y su biodiversidad y a la disminución sostenida de las principales pesquerías, el proyecto apunta a desarrollar “ecosistemas marinos costeros con gestión y sistemas de gobernanza fortalecidos para su conservación y uso sostenible”.
En parte, los problemas de sustentabilidad y de pérdida de biodiversidad en la zona costera se atribuyen a la débil gobernanza para la gestión de este espacio, principalmente por una gestión sectorial y descoordinada de las instituciones del Estado, lo que ha redundado en la proliferación de actividades y usos no compatibles con los espacios naturales. Los problemas de gobernanza abarcan desde la falta de coordinación inter-institucional hasta las legislaciones, normativas y políticas vigentes. Por eso la gobernanza es uno de tres pilares del proyecto. ¿Los otros dos? El fortalecimiento de capacidades a nivel local, municipal y regional con actores públicos, privados y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, sobre todo para influir en procesos de planificación y ordenamiento de los ecosistemas marino costeros; y el desarrollo con Enfoque Ecosistémico y Economía Azul para incentivar actividades productivas sustentables con la participación de los actores y comunidades locales. Bajo ese marco, el proyecto se ejecuta en dos sitios piloto: la zona costera de las comunas de La Higuera y Freirina (Zona Norte), y de la comuna de Cisnes (Zona Sur).
“Hay un déficit desde el punto de vista de la sustentabilidad y de la implementación de un enfoque ecosistémico y de incentivos económicos para que las comunidades participen de iniciativas de conservación de la biodiversidad”, sostiene Manuela Erazo, coordinadora nacional proyecto GEF de Gobernanza Marino Costera.
¿Cuáles fueron los criterios de selección elegidos para definir ambos sitios piloto?
Estos pilotos fueron seleccionados porque son Áreas Ecológicas y Biológicamente Significativas (EBSA) de acuerdo con el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica: el archipiélago de Humboldt en el norte, y la zona costera de la ecorregión chiloense en el sur. Igualmente las regiones que forman parte de los sitios piloto han hecho importantes avances en sus procesos de macro-zonificación de uso del borde costero. Por otra parte, en ambos sitios hay una concentración de áreas protegidas, mientras por el norte está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros Damas, en el sur encontramos el Parque Nacional Isla Magdalena y el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Pitipalena – Añihue.
La idea a partir de la experiencia de los sitios pilotos es poder escalar las buenas prácticas a nivel nacional, generando una estrategia de sostenibilidad que permita dejar toda esta experiencia institucionalizada, una vez que el proyecto finalice. Eso es a lo que aspiramos como equipo, para lo cual trabajamos directamente con el Ministerio del Medio Ambiente y los demás socios.
Una de las barreras identificadas por el proyecto tiene que ver con el marco institucional. En esa línea, ¿qué tan importante es avanzar hacia una ley de costas que contemple una gestión integrada de las áreas litorales?
Este proyecto busca fortalecer lo que ya existe, pero sin duda un instrumento de carácter legal sería de mayor fortaleza. Creemos que toda iniciativa que apunte hacia la buena gobernanza y la sustentabilidad de las actividades que se realizan en la zona costera son un aporte. Se requiere que el marco legal que regula la administración del hoy denominamos borde costero, un concepto que es sumamente arbitrario, avance hacia una mirada de zona costera, que es más amplia y que realmente responde a las necesidades ecosistémicas de este espacio, integrando las interacciones mar-tierra. Sería ideal que la regulación de esta zona costera se constituya como ley y no como política, lo que tenemos actualmente, ya que ésta es sólo referencial, por lo que no necesariamente se cumple. Para ello hay que tener una mirada amplia, no sólo científica, sino que se construya considerando a todos los actores, y con base regional y local.
La fortaleza que tiene este proyecto es que busca pilotear mecanismos de gobernanza a nivel local y regional. Lo que vemos en nuestros sitios pilotos es que se tiene que configurar una instancia de diálogo, de construcción de una visión compartida del maritorio, de generación de confianzas, para luego tomar decisiones conjuntas, una instancia que sea efectiva, justa y participativa. Para esto, implementaremos una Planificación Espacial Marina, una herramienta que busca minimizar conflictos entre usuarios y maximizar los beneficios de la zona marino costera. Hay que testear realmente en la práctica cómo esto se va a desarrollar, para realmente lograr los objetivos que todos buscamos. Y un proyecto como el que estamos implementando permite hacer este testeo en terreno para luego poder mejorar lo que tenemos o proponer insumos para una discusión de mayor envergadura, como lo sería una ley de gestión de la zona costera.
Luego de actualizar la información base en los sitios piloto, ahora viene justamente el desafío como proyecto de articular todas las acciones que existen en ambas zonas.
Nuestra tarea es coordinar y constituir estas mesas locales de gobernanza marino-costera, también las regionales, y una nacional. Hay una dispersión desde el punto de vista de instrumentos y normativas, pero también de iniciativas, que hay muchas. Pasa mucho que parte un proyecto y asume que previamente no se ha hecho nada, o que está todo mal. Es importante coordinarnos bien con las iniciativas que están en curso, porque ahí es donde cobramos fuerza todas y todos, en la medida en que podamos sumar, ya que muchas veces incluso tenemos los mismos objetivos, y la apuesta es mejorar las condiciones de vida tanto de los ecosistemas como de las personas, porque está totalmente relacionado.
Una de las tareas realizadas durante estos primeros meses tuvo que ver con la medición de la gestión del AMCP-MU «Pitipalena – Añihue«, ¿qué buscaban con ese proceso y qué lograron identificar?
Es un gran tema la gobernanza de las áreas marinas protegidas. El área marina protegida Pitipalena-Añihue tiene un modelo de co-administración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación del AMP Pitipalena-Añihué, pero uno de los principales desafíos tiene que ver con ponerse de acuerdo en las proiridades y la participación activa -y vinculante- de los estamentos de base comunitaria que son parte de la co-administración. Creo que el rol del Estado es propiciar la participación, porque muchas veces la gente en su día a día no está preocupada de esto. Entonces el Estado debe fortalecer, incentivar y generar instancia de reunión y convocatoria. Lo han hecho en la Seremi de Medio Ambiente de Aysén respecto a convocar a todas organizaciones locales de Raúl Marín Balmaceda. Hay un gran aprendizaje ahí, principalmente en la elaboración participativa del plan de manejo del AMP, que se aprobó en 2020.
¿Puede dialogar el turismo con una industria salmonera que en el polígono de intervención de su proyecto está tan presente en la Zona Sur, sobre todo en Puyuhuapi y Cisnes?
Es muy clara la necesidad de las comunidades locales de trabajar y crecer en el sector turismo, como el de intereses especiales, ecoturismo marino o turismo de naturaleza, pero, por otro lado, tienes a una industria instalada al lado que también genera empleo y tiene un impacto en la comunidad. Claramente hay una falta de compatibilidad de diferentes usos. Hay un déficit de una planificación adecuada desde la base.
¿Falta darle una validación local a las micro y macro zonificaciones de uso del borde costero?
Eso se hace, por supuesto. No obstante, la consulta local respecto de las macro y microzonificaciones debe fortalecerse y convertirse ojalá en una postura vinculante. Muchos de los conflictos socioambientales en nuestros sitios piloto provienen de la existencia de actividades, uso y prácticas intensivas que son incompatibles con las características socio-ecológicas de los lugares. A nuestro juicio esto se debe -en parte- por la ausencia de una planificación previa sobre la base de información robusta y actualizada, lo que ha permitido, por ejemplo, que zonas que tienen una vocación turística o de conservación de biodiversidad terminen con una orientación hacia la acuicultura intensiva o bien al desarrollo portuario.
¿Y cómo la gobernanza puede ser una solución en esa materia?
Se requiere de un espacio de gobernanza que permita hacer una buena planificación a través de instrumentos adecuados. Lo que proponemos es la Planificación Espacial Marina (PEM), pero igualmente va a rendir buenos frutos en la medida en que también le anteceda una instancia de gobernanza adecuada y legitimada por las partes, porque todos tienen que converger en una visión común para luego ir construyendo los distintos aspectos del plan de gestión espacial. Pero para alcanzar eso, tiene que haber una instancia previa que sea legítima y de confianza, donde se escuche la voz de las y los usuarios del espacio marino costero. Hay un tema de adecuación metodológica y técnica de la PEM a las competencias que tiene el país hoy en día, pero el proceso PEM que queremos iniciar este año tiene que ver con la sensibilización de los actores, tanto locales como regionales, para que conozcan la herramienta y se empiecen a apropiar de ella, que la entiendan, y finalmente realizar capacitaciones.
Últimamente la relocalización de centros de cultivo de salmones desde áreas protegidas ha marcado la agenda mediática, ¿qué tanto podría aflorar este tema en el piloto de la Zona Sur?
Un área marina protegida es un espacio que está asignado fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad, donde se puedan realizar actividades de bajo impacto, de pequeña escala. Es muy probable que no puedan existir actividades intensivas como la salmonicultura en áreas protegidas, el sentido común y la evaluación técnica señalan que no.
