Por Antonia Berríos
ONG Fima
El derecho y las leyes han aparecido en la historia como forma civilizada de organización social que permite la vida en común, asegurando la existencia de lo que algunos llaman paz. Todos, en una especie de pacto, hemos asumido que es mejor que existan normas a que no lo hagan, y de esa forma renunciamos a una parte de nuestra libertad.
Sin embargo, en nuestros tiempos es posible ver que pese a la existencia de la ley, determinadas situaciones que nos parecen injustas continúan replicándose y el derecho resulta una herramienta demasiado ajena para quienes sufren estas injusticias. Una de ellas es el atropello de la naturaleza y el aprovechamiento de bienes comunes por parte de algunos en perjuicio de otros.
El desarrollo de las ciudades, la generación eléctrica, la infraestructura pública, la producción de alimentos, textiles y tecnología, todas ellas actividades que hemos considerado necesarias, muchas veces se han llevado adelante por demasiado tiempo sin el suficiente control en torno a su compatibilidad con la naturaleza, quedando muchas normas y principios de nuestra ley en letra muerta.
Si la inoperancia de las normas profundiza la injusticia y permite abusos e impunidad, pierde sentido su existencia.
Para que el derecho opere como una verdadera herramienta de justicia es necesario que sus normas sean aplicadas y, para ello, conocidas y validadas por todos, y que quienes somos regulados por ellas nos las apropiemos, exigiendo su cumplimiento y comprometiéndonos con él.
Las herramientas legales solían estar reservadas a abogados y técnicos. Esos tiempos han cambiado y hoy son muchas y muchos quienes se han hecho conscientes de que cada decisión que tomamos importa, y han empezado un camino en defensa del medio ambiente organizándose y encontrando algún espacio en esas herramientas institucionales, antes terreno extraño.
Las personas que habitan los territorios son los mejores observadores de la salud del medio ambiente y quienes tienen un mayor incentivo directo para protegerlo. Por eso creemos que la información sobre qué leyes existen y cómo funcionan debe estar disponible y ser comprensible para que cualquier persona que necesite acudir a ella la sienta propia y accesible.
Todas estas personas representan la esperanza. Y que tengan acceso claro y permanente a la comprensión y aplicación de las normas que nos regulan nos hace pensar en que sí es posible un mundo en igualdad de condiciones en donde las leyes vuelvan a ser patrimonio de las personas y herramientas de libertad y paz, preservando el medio ambiente, que es condición necesaria para la vida.
Para avanzar en ello, desde ONG FIMA creamos Poder Ambiental, poniendo a disposición esta información sin límites de horario ni fronteras físicas, explicadas en lenguaje sencillo pero completo, buscando que la brecha del conocimiento legal no sea una razón para permitir la impunidad y el silencio de la institucionalidad frente a la injusticia ambiental.
A través del empoderamiento legal las normas podrán volver a tener sentido para las personas y una aplicación práctica de mano de quienes enfrentan las amenazas en sus propios territorios, permitiendo finalmente comprender por qué hemos hecho este pacto y que sí es posible convivir en armonía entre las personas, y entre ellas y la naturaleza.
Biografía
Antonia Berríos es abogada del equipo de Acceso a la Justicia de la ONG Fima, dedicada a la tramitación de juicios y apoyo a comunidades en defensa del medio ambiente. Al observar la desigualdad que causa la falta de asesoría legal en esta materia, decidió junto a Fima crear el sitio web Poder Ambiental para entregar empoderamiento legal y apoyo a quienes buscan herramientas institucionales para defender el medio ambiente a lo largo de todo Chile.
