Por Sebastián González Fornazzari
Director de Alianzas en Nérida
En el horizonte de un Chile en constante evolución, las decisiones gubernamentales no solo definen el presente, sino que trazan el camino hacia el porvenir de una nación. En un contexto de prolongada sequía que se arrastra desde el año 2010, y en donde el 2021 alcanzamos déficit de agua superiores al 80% en las regiones de Atacama y Coquimbo, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el impulso a las desaladoras en Chile marca un hito crucial en la gestión del recurso hídrico del país. Esta medida responde a la urgente necesidad de abastecimiento de agua para consumo humano y actividades productivas, especialmente en zonas costeras.
¿Pero qué son las desalinizadoras?
Una planta desalinizadora es, en esencia, infraestructura que convierte agua de mar en agua potable a través de procesos de filtración y desalinización. Esto asegura un suministro constante, independiente de las precipitaciones, lo que resulta esencial en un país donde la escasez de agua es una realidad apremiante.
Israel ha enfrentado desafíos significativos en cuanto a la disponibilidad de agua debido a su ubicación en una región árida y a la irregularidad en las precipitaciones. Para abordar esta situación, ha implementado una estrategia destacada de desalación, convirtiéndose en líder mundial en esta tecnología. A través de un extenso sistema de plantas desaladoras, el país ha logrado transformar agua de mar en agua potable, reduciendo así su dependencia de fuentes naturales. Este enfoque ha tenido un impacto positivo en la seguridad hídrica y ha permitido el crecimiento sostenible de Israel.
Equilibrio vital: desaladoras y el desafío ambiental
No se trata de una cuestión de preferencias políticas, sino de una visión compartida por todos los chilenos: la promoción de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible y velen por el bienestar de nuestras comunidades. En este sentido, el proyecto de desaladoras es un claro ejemplo de cómo el Estado puede y debe ser un agente de cambio en pos del bienestar común.
El acceso al agua dulce es un derecho humano fundamental, y en un país como el nuestro, con una extensa línea de costa y una creciente demanda hídrica, la implementación de desaladoras se convierte en una necesidad apremiante. No es solo una cuestión de abastecimiento para nuestras ciudades, sino también una garantía para el desarrollo de la industria y la agricultura, pilares fundamentales de nuestra economía y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, es esencial abordar este avance con la sensibilidad que merece si no queremos que una industria tan indispensable como esta termine siendo otra industria más odiada por comunidades y organizaciones ambientalistas. El impacto en nuestra zona costera y sus comunidades debe ser una prioridad. La desaladora de Puchuncaví, escenario de una prolongada disputa, ejemplifica la complejidad de este tipo de proyectos. La comunidad pesquera local teme los impactos negativos en el ecosistema marino-costero y la devolución de salmuera al mar.
El desafío, entonces, radica en encontrar el equilibrio entre la necesidad imperante de agua y la protección de nuestro ecosistema costero. La tecnología actual nos ofrece soluciones innovadoras para minimizar el impacto ambiental, desde sistemas de filtración avanzados hasta la reutilización responsable del agua desalinizada. No podemos permitirnos escatimar esfuerzos en este sentido.
Garantizando un futuro sostenible en nuestras costas: retos y recomendaciones
En un mundo que enfrenta una creciente demanda de agua dulce, la desalinización se presenta como una solución aparentemente prometedora. Sin embargo, como cualquier solución, su implementación no está exenta de desafíos y consideraciones cruciales que deben abordarse meticulosamente. Uno de los desafíos más acuciantes es el correcto uso del territorio en las zonas costeras.
De esta forma, es necesario establecer regulaciones específicas y políticas públicas que definan criterios de localización y justicia ambiental para el uso sustentable de la zona costera. La experiencia internacional nos brinda ejemplos claros, como la Ley de Costas de 1976 en EEUU y la California Coastal Act, que demuestran la importancia de evaluar los impactos a través de procesos participativos que integren la visión de la ciencia y las comunidades costeras.
La omisión de esta crucial etapa de planificación y regulación podría tener consecuencias devastadoras. Especialmente, la falta de mitigación de los impactos ambientales podría llevar a un deterioro irreparable de nuestros ecosistemas marinos. La captación de agua, la descarga de salmuera y la emisión de contaminantes son aspectos que requieren una atención detallada y una regulación precisa.
Pero no solo se trata de la naturaleza. Los conflictos sociales son una amenaza latente. La ausencia de un marco normativo sólido podría avivar disputas entre actores clave, como pescadores y comunidades costeras, generando tensiones que podrían tener consecuencias duraderas en el tejido social. Por lo tanto, la participación activa de la comunidad debe ser desde las etapas iniciales para garantizar una implementación armoniosa y justa.
Además, no podemos ignorar el riesgo inminente para la biodiversidad y los ecosistemas costeros. Estos ecosistemas son vitales para la salud del planeta, y su deterioro tendría un impacto profundo y duradero en la vida marina y en las comunidades humanas que dependen de ellos.
Para abordar este desafío con seriedad, es imperativo seguir una serie de acciones concretas. La actualización y mejora de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs) en comunas costeras es un paso esencial, así como la definición de magnitudes y condiciones para que los proyectos de desalinización ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
No podemos permitirnos el lujo de dejar estos asuntos en segundo plano. La urgencia de abordar estos desafíos es innegable. La salud de nuestros ecosistemas costeros y la armonía de nuestras comunidades están en juego. Es hora de tomar medidas concretas y bien fundamentadas para garantizar un futuro sostenible y equitativo en nuestras zonas costeras.
El umbral del mañana: ¿Listos para definir nuestro legado?
Es imperativo recordar que somos meros administradores de esta tierra para las generaciones futuras. La implementación de desaladoras no debe ser vista como una solución a corto plazo, sino como una inversión en un futuro más próspero y sustentable. La visión de Estado debe trascender los ciclos políticos y centrarse en el bienestar de quienes aún no han nacido.
La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que esta medida sea un paso hacia adelante y no una huella destructiva en nuestro patrimonio natural? La respuesta no es única, sino un compromiso colectivo. La participación activa de la sociedad civil, la supervisión rigurosa de los organismos ambientales y la transparencia en la ejecución de este proyecto son claves.
El futuro costero de Chile está en juego, y es nuestra responsabilidad velar por su preservación. El Gobierno ha trazado un camino, pero somos nosotros, como ciudadanos, sociedad y empresa, quienes debemos caminarlo con responsabilidad y determinación.
En última instancia, no se trata solo de desaladoras, sino de la visión que queremos legar a las generaciones venideras. ¿Seremos recordados como aquellos que supieron equilibrar el progreso con el respeto a la naturaleza, o como aquellos que sacrificaron nuestro entorno en aras del desarrollo?
La balanza entre desarrollo y preservación es frágil. Al tomar decisiones, recordemos que el futuro se fragua en el presente.
Biografía
Sebastián González Fornazzari es arquitecto y emprendedor con más de 11 años de experiencia en innovación, desarrollo de negocios y consultoría. Ha liderado proyectos estratégicos, abierto nuevos mercados y establecido exitosas alianzas comerciales en Latinoamérica. Ex Coordinador regional de Innovación en MASISA, Líder de Innovación en Echeverría Izquierdo y Subgerente de Alianzas y Desarrollo de Negocios en eClass. Fundador de Bottom App y Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Social, con operaciones en Talca, Tierra Amarilla y Santiago. Cuenta con diplomado en Estrategia y Negocios, certificación como Product Owner y es fellow del Design Thinking Action Lab D.School de la Universidad de Stanford. Sebastián es Director de Alianzas en Nérida.
