¿De verdad entendemos el relacionamiento comunitario? Hablemos sobre eso

Chile, con cerca de 6.435 km de costa, es habitado por 467 caletas formales, que son comunidades que hacen de la pesca su principal vocación territorial. En la foto, pescadores de Caleta Paposo (Julio, 2022). Crédito: Ignacio Herrera Olguín.

Por Ignacio Herrera Olguín

Encargado de Vinculación Territorial en Nérida

No nos vayamos por las ramas, las relaciones son complicadas y difíciles de entender, pero vamos de a poco y tratemos de explorar sus componentes básicos y veamos si llegamos a un suelo común sobre el relacionamiento comunitario.

Como primer componente de toda relación, hay partes. A veces dos, otras veces más. Cada una con una historia y experiencias a cuestas. Cada una trae a la relación una forma distinta de ver y de solucionar las cosas. El ser humano siempre se ha vinculado con otros, pero este vínculo varía según el tiempo, cultura o contexto.

Durante esta reflexión tengamos en cuenta ambos componentes de una relación: las partes y el vínculo. Simple. Ahora veamos quiénes son las partes. La primera es una empresa, una estructura jerarquizada y organizada con un interés principalmente económico; la otra, una comunidad con intereses diversos, familias y personas que buscan su subsistencia en un territorio determinado.

¿Estamos claros con las partes? Súper. Lo que puede no ser tan claro es la forma de entender el vínculo que se genera entre comunidades y las empresas. Hay tantos sistemas y concepciones como colores. Les haremos zoom para que rescatemos algo de cada uno de ellos.

¿Cómo entender el relacionamiento comunitario?

El concepto de relacionamiento comunitario suele generar más preguntas que respuestas. Expliquemos. Quienes lo definen bien son los académicos Hans Gundermann (Universidad Católica del Norte) y Barbara Göbel (Instituto Iberoamericano de Berlín), quienes definieron tres grandes paradigmas sobre la cuestión (en Chungara: Revista Chilena de Antropología).

Estos paradigmas de relación empresa-comunidad son maneras de entender el vínculo (y agregaría impacto) generado entre esas partes, así como propuestas y concepciones de manejo de las externalidades:

  • Asistencialismo: se caracteriza por ser voluntario y cubrir prestaciones básicas. Se disfraza de altruismo porque no suele depender de figuras contractuales entre la empresa y la comunidad, aquí vistos como beneficiarios locales. Este enfoque proliferó en la década de 1990, y fue fuertemente potenciado por fundaciones e instituciones públicas que, con buenas intenciones, se ocupaban del problema de la pobreza.

Los problemas del asistencialismo no tardaron en asomarse. Las típicas soluciones parche que no curaban la herida, pero que le aplicaban maquillaje para que se notara menos. Hasta el día de hoy la relación empresa-comunidad está marcada por un paternalismo muy asistencialista.

Y aunque a nadie (en apariencia) le gusten los proyectos de corte asistencial, estos siguen presentes: un bono para el sindicato de turno, una fiesta para los pequeños, una canasta de víveres para la señora. Bien recibidas, pero sin solución a largo plazo.

  • Responsabilidad Social Empresarial (RSE): de cara al siglo XXI las condiciones de la relación cambiaron. Ahora las comunidades, dotadas de más información, demandan acciones concretas hacia las empresas en orden de generar planes de mitigación y desarrollo local. Así, la RSE se integra como parte de la política empresarial como una serie de acciones estratégicas y a largo plazo, donde se hace partícipe a la ciudadanía.

Con la integración de la RSE las empresas se obligan a acciones planificadas y coherentes con la realidad territorial. Actualmente, la RSE es la norma de la relación empresa-comunidad, en este sentido la Norma de Calidad ISO 26000 se impone como la normativa aplicable, que además es promovida e implementada por un abanico de consultoras y casas certificadoras.

Esquema de ISO 26000 obtenido de Normativa ISO 26000 sobre Responsabilidad Social Corporativa.

 

Con la normativa ISO se estandariza el proceso de avanzar hacia la sostenibilidad ambiental y social a través de sistemas de rendición de cuentas y asegurando la participación de las comunidades en los planes de desarrollo.

La responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que sea consistente con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar general de la sociedad; que considere las expectativas de sus partes interesadas; que esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y que esté integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones (NCh-ISO 26000).

  • Valor Compartido: esta es una forma de relación con tintes más recientes, de esas donde se llega a acuerdos desde el comienzo, en base a las necesidades comunes. La idea es que el valor económico que persigue la empresa y el valor social para las comunidades del entorno se vean integrados dentro de una sola estrategia corporativa.

Hasta ahora pueden estar diciendo: “ok, esto es RSE con más cuento”, pero veamos los matices. Al incorporar los intereses comunitarios a la política corporativa se busca la transformación del vínculo empresa-comunidad, impactando a la gestión interna de la organización (sistemas de accountability, departamentos de relacionamiento comunitario, etc.).

Aquí ya no cuenta la canasta de mercadería, sino que es importante diseñar programas que aporten al desarrollo comunitario a largo plazo, y que además estos signifiquen una oportunidad para la empresa, ya sea a nivel de imagen, rentabilidad o para diversificar sus servicios. Una forma puede ser crear servicios o productos basados en los valores del territorio.

¿Dónde estamos ahora?

No es que podamos trazar un mapa preciso donde digamos estamos en tal paradigma o este otro, ya que generalmente las organizaciones poseen sistemas complejos, combinados y hasta desordenados. Con todo, nos sirve para entender formas de relacionamiento y clasificarlas según criterios precisos. Así podemos navegar estas aguas con alguna brújula.

Además de la norma ISO 26000, varios reglamentos nacionales y recomendaciones internacionales buscan estandarizar las pautas de responsabilidad social empresarial. Revisemos algunas de ellas.

Si nos ceñimos estrictamente a la normativa, no nos podemos olvidar que varios países de la región están suscritos al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligación de consultar a los pueblos originarios al tomar medidas que afecten al territorio que habitan o sus modos de vida.

En este mismo sentido, la World Tourism Organization (UNWTO) también recomienda mecanismos de consulta y participación efectiva de las comunidades en el creciente turismo étnico a través de una serie de recomendaciones para su desarrollo sostenible.

Por su lado, la legislación chilena, a través de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (N°19.300),también consagra mecanismos de participación que consisten en hacer públicos los proyectos con carga ambiental y dar oportunidad a la ciudadanía de objetar u opinar sobre sus impactos.

Organizaciones civiles de Punta de Choros se manifiestan sobre el Proyecto Dominga, caso en el que desplegaron varias de las herramientas mencionadas. (Enero, 2023). Crédito: Ignacio Herrera Olguín.

Sin entrar en detalle, hay todo un enmarañado de terreno legislativo-judicial donde se mueven organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y una que otra consultora que presta servicios socioambientales. Hoy el vínculo empresa-comunidad se gestiona a través de estas reglas y una serie de operadores expertos en la materia.

Pero también varias organizaciones abogan por sistemas integrados que apuntan al valor compartido, y al parecer cada vez ganan más adeptos a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Aquí entran las famosas Empresas B – representadas en América Latina por Sistema B – donde el pilar “Comunidad” dicta asegurar mecanismos de participación y desarrollo local, entre otras acciones, que se integran a los estatutos y procesos de la organización para garantizar el impacto social y ambiental positivo, y de paso lograr la anhelada certificación.

Otras iniciativas internacionales como el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) entienden que no es posible ni rentable que una empresa opere sin vincularse con las comunidades impactadas por su actividad. Por eso, sus representantes chilenos, Acción Empresas, publicaron una Guía de Relacionamiento Comunitario que articula distintos actores en base a una acción coordinada y estratégica para integrar el desarrollo local en la gestión.

Para desarrollar proyectos empresariales que aborden impactos y fortalezcan las potencialidades con las que cuenta cada territorio, primero es necesario que las empresas reconozcan cómo afectan su entorno, para luego identificar la valoración que las personas le otorgan a aquello que será intervenido. Para ello, recomendamos desarrollar dos ejes clave: primero realizar un reconocimiento de evidencia territorial que permita conocer el entorno a intervenir y, segundo, desarrollar instancias de diálogo temprano que permitan reconocer brechas de bienestar y construir estrategias conjuntas (Acción Empresas, 2023).

No estamos frente a una sola forma de generar el vínculo entre empresa y comunidad, pero claro está que es vital generarlo. A fin de cuentas, la empresa también se vuelve parte de la comunidad y actúa en un ecosistema común.

Vinculación territorial, pero en serio

El concepto de vinculación es clave para operar en territorios con diversos grados de complejidad. En Nérida hemos vivido las dificultades y maravillas de generar un vínculo con las comunidades, y en nuestra experiencia con localidades costeras, defendemos algunas estrategias de entrada a los lugares:

  1. Visión a largo plazo: basta con miradas cortoplacistas para apagar el incendio de turno o ejecutar medidas superficiales. Tampoco se trata de hacer un trámite con las comunidades para aprobar una resolución. Hay que diseñar medidas de largo aliento que apunten a la autonomía de los territorios o insertar herramientas que aporten a ese fin.
  2. Vocación local: las comunidades son poseedoras de un patrimonio vivo y actividades económicas armónicas con el medio ambiente. ¡Esto es una oportunidad para las empresas! Podemos impulsar proyectos que potencien las virtudes del territorio y aportar a la construcción de esa visión de futuro. Esto puede ser una estrategia de diversificación para la organización.
  3. Identificar y fortalecer el talento local: en los territorios se encuentran liderazgos marcados con ganas de mejorar las condiciones, ¿por qué no aliarse con ellos y ellas? Apoyar a líderes, emprendedores y agentes de cambio en su camino de traer innovación social y económica a sus comunidades. Es fundamental conocer el talento local – y ser bien busquilla –, fomentarlo, inspirarnos con ellos y diseñar soluciones codo a codo.
  4. Inmersión territorial: es cierto que las comunidades están aburridas de “otro diagnóstico” y el desfile de consultores que hace las mismas preguntas de siempre. Entonces, hagamos las preguntas correctas y busquemos la innovación. Para ello es importante empaparse del contexto y vivir la cultura local. Etnografía pura. No se conoce a los territorios a través de una planilla Excel, hay que estar ahí con los pies en la tierra, o en nuestro caso, en el mar.

Desde el comienzo dijimos que es una relación compleja, y no tiene una sola forma de ser abordada. Pero es importante generar un sistema de vinculación territorial desde el comienzo para buscar y diseñar oportunidades de desarrollo comunes y saber dónde inyectar recursos estratégicos para lograrlo.

Si bien no hay una sola forma, hoy en día las estrategias que no apuntan al desarrollo local y la autonomía de la comunidad están destinadas al fracaso en el mediano y largo plazo.

Para generar una vinculación real, necesitamos quitarnos el asistencialismo anacrónico de encima, que solo termina por aumentar la dependencia de los territorios hacia una empresa a la que, recordemos, no estará ahí para siempre.

Biografía

Ignacio Herrera Olguín es Encargado de Vinculación Territorial en Nérida. Ignacio es antropólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, especializado en antropología empresarial. Se ha desarrollado en vinculación territorial con comunidades, gestión de proyectos, diseño de experiencias turísticas y coordinación de programas de impacto social en instituciones sin fines de lucro. Profesional con experiencia en investigación académica y acompañamiento de procesos de transferencia de conocimiento científico-técnico en comunidades. Cuenta con 4 años de experiencia en empresas liderando la coordinación de equipos, integración de sistemas de gestión, y facilitando procesos de transformación cultural.

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