Por Antonia Berríos, Coordinadora General de ONG FIMA y Felipe Cárcamo, Analista de Proyectos de ONG FIMA
El océano nos conecta y sostiene, por eso, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Sin embargo, una grave amenaza pone en riesgo el equilibrio de este ecosistema, sumándose a la acidificación y el cambio climático: se trata de la pesca ilegal, la sexta economía ilícita más grande del mundo.
Llamamos “ilegal” a la actividad pesquera que incumple normas regulatorias o no reporta adecuadamente las capturas. Esta actividad es responsable de gran parte de la sobreexplotación de recursos pesqueros, la erosión de hábitats por el uso de artes de pesca destructivas y del fracaso de los sistemas de manejo pesquero a nivel mundial. Además, genera tensiones y conflictos entre los usuarios de recursos y los reguladores, y amenaza la salud de las personas al no contar con certificados de trazabilidad.
La pesca ilegal también tiene un impacto económico. A nivel mundial, se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado cada año, lo que se traduce en pérdidas de hasta USD $23.000 millones, representando alrededor del 20% de la captura de productos marinos.
Latinoamérica contribuye con aproximadamente el 11% de la producción pesquera y acuícola mundial, siendo una región donde más de 21,6 millones de personas dependen de este sector. Así, la pesca ilegal en la región está valorada en hasta USD $23,5 mil millones anuales. En Chile, por este concepto, se generan alrededor de USD 300 millones al año, lo que se traduce en más de 320.000 toneladas de recursos marinos extraídos de manera ilícita.
Por su parte, la comunidad internacional ha intensificado la implementación de medidas para abordar esta situación. En 2016 entró en vigor el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto promovido por la FAO, el primer acuerdo internacional vinculante para prevenir y eliminar la pesca ilegal.
Actualmente, 104 países, incluyendo a Chile y otros 14 de Latinoamérica, lo han ratificado.
Este acuerdo facilita el intercambio de información y la cooperación internacional, contribuyendo a una gestión pesquera más responsable y sostenible.
En 2017, la ONU proclamó el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) para impulsar una década enfocada en salvar los mares a través de las ciencias y la investigación. Estas medidas buscan fomentar la pesca y acuicultura a pequeña escala de manera sostenible, resiliente y equitativa, además de facilitar la gestión sostenible de la pesca industrial.
Sin embargo, en Chile un 53% de las pesquerías se encuentran sobreexplotadas o colapsadas y en los últimos años la pesca ilegal ha triplicado sus volúmenes de extracción. Aunque la clandestinidad de esta actividad dificulta determinar su alcance exacto, Sernapesca ha señalado que un ejemplo concreto es la merluza común, la pesquería más vulnerable del país, donde los volúmenes extraídos llegan a cuadruplicar las cuotas de extracción autorizadas.
En ese sentido, las medidas tomadas para controlar y fiscalizar esta práctica son cada vez más necesarias, requiriendo de esfuerzos de múltiples dimensiones y escalas.
Nuestro país se encuentra en un momento clave con la discusión de la Nueva Ley de Pesca. Reducir la pesca ilegal y sus impactos representa un desafío significativo que nos obliga a pensar en nuevas estructuras de gobernanza oceánica que permitan la colaboración internacional pero también a nivel nacional.
En particular, todo indica que se necesita aumentar la dotación humana y tecnológica, incrementar la cobertura de trazabilidad y mayor coordinación entre las diversas agencias reguladoras para mejorar el seguimiento y control de los recursos pesqueros.
En ese contexto, la combinación de las estrategias que promuevan un mayor cumplimiento voluntario y una mejor fiscalización puede reducir la pesca ilegal y fortalecer la confianza en el sistema.
No cabe duda de que vivimos tiempos trascendentales.
Frente a la amenaza de la sostenibilidad de los océanos, la biodiversidad marina y las comunidades costeras, es necesario mejorar las estimaciones del problema, entender sus causas y desarrollar modelos sólidos para predecir los impactos de posibles intervenciones, con un enfoque interdisciplinario y adaptado a las necesidades locales.
Es por eso por lo que los gobiernos, las ciencias, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y los pueblos indígenas, deben trabajar coordinadamente.
Sólo a través de esfuerzos organizados y sostenibles podemos asegurar la vitalidad de los océanos.
